Esta marcha es la séptima que impulsa anualmente la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, y concurrieron, además de los entrerrianos, entre los que estuvieron compañeros de la CEPA-Entre Ríos, delegaciones de varias provincias y de países vecinos, incluso del Uruguay.
Este año la caminata, de varios kilómetros, se realizó con la consigna “por la vida de todos, luchemos por la naturaleza”, y se volvió a reclamar el desmantelamiento de la pastera, y su retiro definitivo de la cuenca del Río Uruguay.
Dirigiéndose al gobierno nacional, la Proclama afirma: “A nuestra presidenta le decimos: Que el pueblo de Gualeguaychú y demás hombres y mujeres del todo el país que camina hoy en procesión por la vida en este puente para abrazarse al Río Uruguay no aceptarán jamás como dicen desde las fuentes oficiales que “El conflicto por la pastera ha terminado”, todo lo contrario, estamos diciendo que vamos a profundizar la lucha…
Y que el conflicto terminará con el retiro definitivo del invasor colonialista: el gobierno de Finlandia encarnado en la transnacional Botnia– UPM… Que el país ambiental está mal señora presidenta”, detallando los males de la megaminería, los agrotóxicos, las energías “sucias”.
Y que el conflicto terminará con el retiro definitivo del invasor colonialista: el gobierno de Finlandia encarnado en la transnacional Botnia– UPM… Que el país ambiental está mal señora presidenta”, detallando los males de la megaminería, los agrotóxicos, las energías “sucias”.
Los asambleístas, tras reiterar “nuestras dudas respecto al plan de control interno de la planta de Botnia –UPM… Expresamos claramente también señora presidenta que en la actualidad nos sentimos desprotegidos, abandonados y en estado de indefensión de nuestra justa causa nacional.
“Reiteramos que no aceptamos ni aceptaremos jamás el dictamen de La Haya en cuanto a su legalización de la instalación de Botnia-UPM, para nosotros los habitantes de la cuenca Botnia-UPM será siempre ilegal. El alto tribunal desperdició la oportunidad de consagrarse como el defensor de la vida.
Finalmente, la Asamblea repudió “el tratamiento como criminales de aquellos que defendemos la vida”.
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